La razón principal es que un empleado del hogar no es autónomo porque su relación laboral depende de un contrato por cuenta ajena, no de una actividad empresarial propia. Legalmente, el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores define como trabajador por cuenta ajena a quien presta servicios voluntariamente, dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, a cambio de una retribución. Eso es exactamente lo que ocurre con el empleado del hogar: trabaja bajo las órdenes del empleador (la familia), en su domicilio y con horarios marcados, sin asumir el riesgo económico de un negocio.
En cambio, un autónomo (trabajador por cuenta propia) gestiona su actividad, factura, decide cómo y cuándo trabajar, y responde de sus resultados. Para equiparar las figuras, el Real Decreto 1620/2011 regula la relación laboral especial del servicio del hogar familiar, dejando claro que no es un autónomo. Además, el empleador está obligado a dar de alta al empleado en el Régimen General de la Seguridad Social (sistema especial para empleados de hogar), mientras que un autónomo se da de alta en el RETA y paga sus propias cuotas.
| Aspecto | Empleado del hogar (por cuenta ajena) | Trabajador autónomo |
|---|
| Relación contractual | Contrato laboral (por cuenta ajena) | Sin contrato laboral (cuenta propia) |
| Dependencia | Subordinado al empleador (horarios, instrucciones) | Independiente, decide su actividad |
| Alta en Seguridad Social | Régimen General (sistema especial empleados de hogar) | Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) |
| Cotización | La paga el empleador (descuenta parte al empleado) | La paga el propio autónomo |
| Fiscalidad | IRPF (retención en nómina) | IVA y IRPF (declaración trimestral) |
En la práctica, confundir ambas figuras puede llevar a sanciones. Si un empleador contrata a una persona para limpiar su casa tres días a la semana y le exige presencia fija, instrucciones, y no le permite facturar, esa persona no puede ser autónoma. La Inspección de Trabajo lo considera un fraude de ley, con multas de hasta 10.000 euros por cada trabajador mal clasificado.
