
Las multas por incumplir la normativa laboral durante un proceso de selección pueden ser muy elevadas tanto para la empresa como para el empleado. La empresa se expone a sanciones que van desde 750€ por infracciones leves hasta 300.000€ en casos graves, según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). Por ejemplo, realizar una entrevista con preguntas discriminatorias (por edad, género o religión) puede suponer una multa de 6.250€ a 25.000€. Además, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) sanciona la filtración de datos personales de candidatos con hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual de la compañía. El empleado, por su parte, puede recibir sanciones internas como despido disciplinario, o enfrentarse a demandas civiles por daños y perjuicios si participa activamente en prácticas ilegales.
Para que te hagas una idea, aquí tienes una tabla con los tipos de sanción más comunes:
| Tipo de infracción | Sanción mínima | Sanción máxima | Base legal |
|---|---|---|---|
| Discriminación en selección | 6.250 € | 187.515 € | LISOS art. 8.12 |
| Incumplimiento de RGPD | 10.000 € | 20 millones € o 4% facturación | RGPD art. 83 |
| No informar sobre condiciones laborales | 750 € | 7.500 € | LISOS art. 7.5 |
| Cesión ilegal de datos de candidatos | 40.000 € | 300.000 € | LOPDGDD art. 74 |
En mi experiencia, muchas empresas pequeñas subestiman estas sanciones, pero la Inspección de Trabajo actúa cada vez con más frecuencia. El empleado que, por ejemplo, filtra información sensible de un candidato a sabiendas, puede ser despedido con causa justa y además enfrentar una reclamación por daños morales en los tribunales. Lo mejor es documentar cada paso del proceso y contar con un protocolo de selección que cumpla la normativa vigente.

A mí me pasó justo el año pasado. En una entrevista me preguntaron si planeaba tener hijos, y cuando me negué a responder, el reclutador se puso tenso. Al final no me contrataron. Supe después que eso es discriminación por maternidad y la empresa puede recibir multas de hasta 187.515€. Pero lo peor es que yo, como candidata, también podría haber denunciado y obtener indemnización por daños. No lo hice por miedo, pero ahora sé que el empleado que hace esas preguntas también se arriesga a un despido disciplinario. Ojalá las empresas se informen más.

Soy autónomo y tengo dos empleados. Cuando contraté a mi primer ayudante, no sabía que debía registrar la oferta en el SEPE ni que preguntar sobre su estado civil era ilegal. Por suerte, un amigo me avisó. Ahora siempre uso un guion de entrevista estandarizado y pido consentimiento por escrito para guardar sus datos. Si me multaran, no podría pagar ni 10.000€. Las sanciones por no informar sobre las condiciones del puesto son a partir de 750€, que para un negocio pequeño es un golpe duro. Mejor prevenir que lamentar.

En mi departamento gestionamos cientos de candidatos al año. Las multas más temidas son las del RGPD. Una vez un reclutador compartió sin querer un CV con otro cliente sin autorización, y la agencia se enfrentó a una sanción de 40.000€. Ahora tenemos formación obligatoria para todo el equipo sobre protección de datos y sesiones trimestrales sobre igualdad de oportunidades. El empleado que incumple las normas internas puede recibir una amonestación por escrito o incluso un despido procedente si reincide. La clave es auditar los procesos cada seis meses y mantener un registro de consentimientos firmados.

He visto muchos casos donde el empleado no es consciente de su responsabilidad. Por ejemplo, un técnico de selección que filtraba deliberadamente datos de candidatos a una empresa externa fue denunciado y terminó pagando 5.000€ de indemnización más costas judiciales. La empresa, además, pagó una multa de 50.000€ por no supervisar adecuadamente. También hay sanciones por falsear referencias o mentir en el currículum; el empleado puede ser despedido y, si el engaño causa un perjuicio económico, la empresa puede reclamarle **daños y perjuicios


